Cinco años del informe de la CVR

Han transcurrido 5 años desde la presentación y entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Durante ese tiempo se han registrado logros significativos pero también se han evidenciado obstáculos que impiden mayores avances.

En relación al proceso de reparaciones, hay que mencionar como avances la Ley delPlan Integral de Reparaciones, el programa de Reparaciones Colectivas, y el iniciodel Registro Único de Víctimas. Preocupa sin embargo, la insuficiencia de recursosotorgados al Consejo de Reparaciones y la lentitud de procedimientos para la atenciónde una deuda ética y social que se tiene con las víctimas, y que en el Estado pocosasumen como tal... Ver más

Estela Trágica: Tras las Huellas del Poder

El siguiente texto corresponde al capítulo I (página 11) del libro “La Guerra Oculta en el Huallaga, Monzón y Aguaytia” publicada en enero de 2007. Su reproducción busca dar a conocer “Un proceso de extrema violencia que tenía las características de “estallido social” acompañado de “rituales sangrientos” que fue la causante de miles de muertes, cientos de desapariciones, innumerables torturas y otras graves formas de violación a los derechos humanos, que tuvieron efecto directo en el incremento de la pobreza, lesiva impunidad, creciente corrupción y prolongada exclusión social; que dio origen a la “cultura de la violencia”:

La violencia del periodo 1974-2004, por la toma del poder y en defensa del poder, generada en parte por un grupo político organizado y el propio Estado, es sin duda, la tragedia social, política y económica de mayor impacto negativo en la corta historia de los departamentos de: Huánuco, San Martín y Ucayali. Donde a diferencia de otras zonas del país, se produjeron múltiples sucesos ejecutados por el narcotráfico, la subversión armada, la contrasubversión y las operaciones anti narcóticos; a los que se sumaron grupos de paramilitares, la delincuencia común y la corrupción del Estado. Otro sector no menos importante en la prolongada confrontación, lo constituyeron los campesinos afectados por la represión a los cultivos de coca y calificados como narcoterroristas. Ayer como hoy, las acciones de reivindicación social fueron sindicadas por el burocratismo gubernamental y un sector de la prensa de estar alentadas o manipuladas por narcotraficantes y subversivos. La excepción no hace la regla.

Este proceso de extrema violencia que tenía las características de un “estallido social” acompañado de “rituales sangrientos” fue la causante de miles de muertes, cientos de desapariciones, innumerables torturas y otras graves formas de violación a los derechos humanos, que tuvieron efecto directo en el incremento de la pobreza, lesiva impunidad, creciente corrupción y prolongada exclusión social; que dio origen a la “cultura de la violencia”, que se constituye hoy en seria amenaza para un pueblo golpeado que intenta restañar sus heridas y voltear la página.

Luego que en 1981 SL inicia su accionar violento, en 1984, al declararse el estado de emergencia en Huánuco y San Martín, se autoriza la intervención de las fuerzas armadas, con desacertada estrategia y pobre logística, reprimieron sin contemplaciones (asesinatos, desapariciones y torturas) a Sendero Luminoso, diezmándole militarmente, lo que fue reconocido por líderes del grupo subversivo. Pero, inexplicablemente, en diciembre de 1985, se ordenó levantar el estado de emergencia con el encuartelamiento de los militares y restituir a la Policía (Umopar, PIP, Guardia Republicana) la tarea de combatir a los subversivos –no obstante haber sido superados al inicio- dándoles así indirectamente la oportunidad de recomponerse y aplicar mayor fuerza a sus planes sediciosos, al extremo que en el periodo 1,987-1,994, el accionar subversivo y contra subversivo y el incremento del tráfico ilícito de drogas, fue espectacular.

A partir de 1,986, el Sendero Luminoso revolucionario, se involucra plenamente con el narcotráfico al cobrar “cupos” por la producción y comercialización de la droga, siguiendo el antecedente de las FARC de Colombia y a cometer excesos contra la población, lo que al final le significó perdida de sustento social y derrota militar. Establecer alianzas con los carteles de la droga fue un grave error que destruyó la concepción política de la “lucha armada”.

Los integrantes de las fuerzas contrasubversivas harían lo mismo, resaltando por escandalosa la participación de Vladimiro Montesinos en aparente contubernio con Alberto Kenya Fujimori.

En 1989, se crea “El Comando Político Militar del Huallaga” su primer jefe el General Alberto Arciniegas Huby, fue presentado y juramentado por el presidente de la república en la plaza de armas de Uchiza, a partir de entonces -en versión de los moradores y autoridades locales- la alta autoridad de la nación visitaría varias veces las ciudades de Tocache y Uchiza, a veces junto a periodistas, según se dijo entonces para respaldar la “estrategia” de Arciniegas. También Fujimori, visitaría Tingo María, Uchiza, Aucayacu, Aguaytia entre otros lugares desde 1991, cuando declaró “interlocutores válidos” a los cocaleros del Alto Huallaga. En esta región se ha encontrado evidencias y pruebas, que implicaban a casi todos los jefes policiales y militares, autoridades y funcionarios públicos de todo nivel; jueces y fiscales en actos de corrupción (colusión con el narcotráfico), excesos y abuso de autoridad que permitieron la estrategia de “tierra arrasada”, y el asesinato de centenares de presuntos subversivos aplicando la táctica de los “bombardeos” para destruir a pueblos enteros considerados como bastiones del senderismo. ¿Lo fueron?

El 9 de abril de 1992, con el decreto Ley 25426, el gobierno declaró en estado de emergencia a todos los aeropuertos y aeródromos existentes en la región Huallaga y donde se sembraba coca, encargándose a la Fuerza Área del Perú- FAP, a asumir el control de los mismos, para interceptar a las naves nacionales y extranjeras e inclusive con la orden de derribarlas si se negaban al aterrizaje (en esta tarea fueron derribadas o destruidas en tierra no menos de 20 avionetas, con tripulación y pasajeros incluidos). Las fuerzas armadas (Ejercito Peruano, Marina de Guerra, Fuerza Área) resultaron gravemente afectadas al ser alcanzadas por el efecto corruptor del narcotráfico que melló su solvencia moral y profesional, determinando que varios militares enmarcados en el delito sean juzgados en prisión o como reos ausentes.

En algún momento se determinará la responsabilidad política y criminal por los hechos ocurridos en el Huallaga, Aguaytia y Monzón, basándose en la información y testimonios existentes, entonces en orden de prioridad podrían ubicarse en: primer lugar Sendero Luminoso; segundo lugar, el MRTA; tercer lugar, Alberto Fujimori y la dupla Montesinos-Hermosa; cuarto lugar, Alan García y Agustín Mantilla; y quinto lugar, Fernando Belaunde y varios de sus políticos y militares.

Pero, si se considerarían: los vínculos con el narcotráfico, el tráfico de armas, la apropiación de presupuestos destinados a la lucha contrasubversiva, la utilización de escuadrones de la muerte, el manejo político de la guerra interna con objetivos de perpetuación en el poder, el sometimiento a periodistas y medios de comunicación, etc, entonces: Sendero Luminoso ocuparía el primer lugar, el gobierno de Fujimori-Montesinos-Hermoza, el segundo; el tercero Alan García-Agustín Mantilla, el cuarto el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y quinto el gobierno de Fernando Belaunde y algunos de sus políticos involucrados en sonados casos de masacres y tráfico ilícito de drogas. El sexto lo ocuparía Francisco Morales por no haber detectado el surgimiento de SL.

Este supuesto ranking de los perpetradores de los derechos humanos y otros delitos cometidos, estaría basada en la percepción de los afectados, que fijarían posición distinta entre los que iniciaron y quienes lucharon por aplacar el proceso violentista.

Por otra parte, después de 25 años del inicio de la violencia política y criminal en el Perú, es muy poco lo que el Estado hizo por proteger los derechos humanos de las poblaciones afectadas y menos por aplacar algo del enorme sufrimiento de miles de familias en cientos de comunidades. A tres años de entrega del informe final de la CVR, el gobierno se ha resistido en dar cumplimiento a las recomendaciones con relación a las indemnizaciones y sanciones; solo ha desembolsado varios cientos de miles de dólares para indemnizar a unas cuantas víctimas apoyados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pareciera no tener conciencia real del grado de afectación y del número de victimas y de los pocos recursos del Estado. Es cierto que se ha constituido una comisión de seguimiento a las conclusiones de la CVR, pero sin recursos importantes; que se han diseñado planes de desarrollo para los departamentos afectados, pero con pocos recursos adicionales y se busca concluir con un plan nacional de derechos humanos sustentado en paradigmas y utopías. Se ha asignado presupuesto insignificante para las reparaciones colectivas. En realidad muy poco, para lo que se necesita con urgencia.

No se llegó a degradar públicamente a los perpetradores de derechos humanos o corruptos de cuello blanco y son pocos los juicios que permitieron llevar a los tribunales a los autores de execrables excesos en la lucha subversiva y contrasubversiva. No existen sentencias importantes, mientras procuradores, jueces y fiscales juegan al gran bonetón respecto a competencias y avances. Y no se ha logrado la extradición del presunto jefe de la red mafiosa sin precedentes en la historia del país. Japón juega a cómplice de la corrupción e impunidad.

No pocos sostienen que el gobierno del presidente Toledo ha defraudado las expectativas de la población peruana, pues no ha puesto el empeño prometido en luchar contra la corrupción y la impunidad y eso es algo que deberá explicar en algún momento, pues el país debe ser informado si fue por negligencia o hubo complicidad con la delincuencia que pugna por evitar el castigo.

Los familiares de la victimas siguen esperando justicia con la sanción para los que asesinaron o desaparecieron, ayuda tangible para superar la miseria que les toca enfrentar. Pero es la falta de humanismo y la felonía de ciertos personajes de espaldas a la realidad del Perú, que lo impiden y contra ellos se debe luchar.

Aquellos que en un momento hicieron de las suyas pretenden negarlo todo con el cinismo a flor de piel. Los tontos útiles de ayer y de hoy que le hacen el juego al delito y apuntan a lograr la exculpación sin atenuantes, le hacen mucho daño al país. Por que mañana, es seguro, volverán a hacer lo mismo.

¡Esta terrible historia no debe repetirse jamás!

* Imágenes: 1) Desenterrando restos de la guerra sucia en Apiza. 2) Cadáveres de presuntos narcos sacados de la gran tumba colectiva: el río Huallaga. 3) La defensa de la coca frente a la arremetida del plan destructor. Fotos: Prensa Verde.

Crímenes de lesa humanidad

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en la Argentina, se produjo un hecho histórico notable: el Juicio a las Juntas de gobierno que implementaron en el país un proyecto de corte genocida. Hoy, eso o se está negando o se pretende –en lo esencial- equiparar los crímenes cometidos desde el Estado con los crímenes cometidos por ciertos grupos civiles que se alzaron en armas alegando fundamentalmente el motivo de la liberación del país de “las garras del imperialismo”, por recurrir al lenguaje que se utilizó. Incluso se esgrime un eslogan que exige una “memoria completa” ante los hechos del pasado.

La memoria está bien completa, nada deja ni dejará de lado. Lo que se está juzgando (con enorme cautela y con la resistencia de los medios de comunicación más militaristas de la Argentina, más militaristas que los propios militares) es la responsabilidad del Estado argentino en crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes cometidos desde el Estado contra la población, contra la civilidad. Aquí, el que está siendo sometido a juicio es el Estado. Esta tarea empezó en Nuremberg, en 1945, cuando los jueces de los tribunales se encontraron con que, por la dimensión de su horror, no se hallaban tipificados por jurisprudencia alguna. Se fijaron leyes fundamentales. Se anuló la obediencia debida. “El Estado criminal no debe excusar a los que en su nombre cometieron crímenes” (Paula Croci, Mauricio Kogan, Lesa humanidad, La Crujía, Buenos Aires, 2003, p. 184). Los tribunales de Nuremberg fueron minuciosos y claros en dejar establecido que nadie podía librarse de su responsabilidad en los crímenes, “ya que los crímenes habían sido cometidos por hombres y no por entidades abstractas o por instituciones” (Croci y Kogan, Ibid., p. 184). Queda claro lo siguiente: siempre es alguien, siempre es una persona, un individuo, el que dispara el revólver.

También en casos de fusilamientos colectivos. Si son 13 individuos los que hacen fuego sobre 50 a los que han alineado contra un paredón, cada uno de esos trece es culpable. Uno por uno, individualmente, ha hecho fuego. Uno por uno, individualmente, es culpable. Nadie puede alegar inocencia por haber recibido una orden. La “orden” no reemplaza la conciencia moral ni la responsabilidad judicial del que hace fuego. La “orden” no transforma en “inocente” a nadie. El que mata, bajo un sistema de criminalidad estatal, por orden de otro es también culpable. “En diciembre de 1951, la Convención Internacional sobre Genocidio calificó el genocidio – el exterminio de grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos – como un ‘Crimen de Lesa Humanidad’. La decisión fue votada por unanimidad por las Naciones Unidas” (Ibid., p. 186).

De aquí la aberración de las leyes de punto final y obediencia debida impulsadas bajo el gobierno de Alfonsín. Es mi opinión que ese gobierno dio un paso fundamental en América latina al juzgar por primera vez a militares responsables de matanzas multitudinarias. Si el juicio no se trasmitió por televisión corresponderá analizar, sobre todo, la relación de fuerzas existente en ese momento. Nadie ignora que el “posibilismo” fue la bandera que marcó la debilidad del gobierno alfonsinista, pero no habría que olvidar la otra cara de la cuestión: de haber ganado el candidato peronista Italo Luder, firmante del célebre decreto de “aniquilación” de la guerrilla, no habría habido directamente juicio. La relación de fuerzas me atrevería a decir debiera ser aplicada al estudio de la promoción de las leyes de obediencia debida y punto final. El gobierno peronista de Carlos Menem en nada importunó a quienes cometieron crímenes desde el Estado. Ni hablemos de De la Rúa. Y conviene reflexionar acerca de las dificultades que tiene el gobierno de Cristina Fernández para continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad ante una derecha colmada de soberbia y de furia que tiene como fundamento de su lucha – disfrazada por otros motivos o utilizándolos para nuclear poder – conjurar, dificultar y, desde luego, impedir la realización de esos juicios. También, en lo propagandístico, esos juicios le sirven para calificar al Gobierno de “terrorista”, de “montonero” o de “un grupo de gente que está llena de odio y sólo desea venganza”. La “gente”, en proporciones más que considerables, ha venido cediendo ante esta versión de los hechos.

Conviene aclarar algo fundamental. Admito que escribo desde un diario que quiero mucho, del que me siento parte, pero que no tiene, ni puede tener, la potencia de canales de televisión, radios y otros periódicos de mayor tirada. Un movilero sagaz, que sabe qué tiene que decir para que le aumenten el sueldo, puede influir más sobre la desprotegida conciencia de los ciudadanos que una nota escrita por un intelectual voluntarioso pero relativamente eficaz ante adversarios tan desbordantes de poderío. De todos modos tenemos algo que ellos no tienen: tenemos razón. Paso entonces a aclarar cuestiones centrales. Los crímenes de lesa humanidad son los que se cometen desde el Estado. Sólo tres sinónimos de la palabra “lesa”: “herida”, “dañada”, “agraviada”. De modo que cuando decimos “lesa humanidad” refiriéndonos a los crímenes del Estado estamos diciendo que ese Estado, con sus crímenes, ha herido a la humanidad, la ha agraviado, la ha dañado. Los crímenes cometidos desde el aparato del Estado tienen que ser juzgados desde el Estado mismo. El Estado tiene una Justicia y esa Justicia debe juzgar los crímenes que comete. Por eso no tiene fundamento jurídico hablar de los “derechos humanos” de un policía abatido por un delincuente. El policía es parte del Estado y es el Estado el que lo protege, el que lo cuida. Las organizaciones de derechos humanos no se hicieron para eso. Se hicieron para proteger a los ciudadanos de los crímenes, de los excesos, de las violaciones del Estado.

Han sido un gran avance en la seguridad de los individuos que comparte la vida comunitaria. Cuando se crea la idea del Estado (Hobbes) la figura a la que se apela para metaforizar su poder y la eficacia de su acción es la del Leviatán, una bestia bíblica. Si el Estado es el Leviatán, ¿quién nos protege de las furias del Leviatán? Para eso se han hecho los derechos humanos. Aquí, en nuestro país, y la entera humanidad que estudia estos casos lo saben, se ha cometido un genocidio, no contra un grupo miliciano, como se pretende, sino contra la sociedad argentina, contra hombres desarmados, científicos, profesores, obreros, chicos de 16 años del Nacional de Buenos Aires, en fin, lo sabemos.

Los crímenes de lesa humanidad son los que comete el Estado sobre los ciudadanos. El Estado no puede actuar como una fuerza miliciana, como un mecanismo terrorista. El Estado está para aplicar la Justicia. Esto se hizo en Italia con las Brigadas Rojas, se sabe. El Estado del Proceso no juzgó a nadie. Desapareció a los que consideraba culpables o presumía que lo eran (o aun a “los tímidos” según célebre y macabra frase).

Cuando los procesistas de hoy piden que se juzgue a los guerrilleros igual que a los militares olvidan, ante todo, una realidad abominable: los guerrilleros ya fueron juzgados. Los tiraron vivos al Río de la Plata. ¿Qué otro juicio piden? Si señalan a algún responsable de algo lo utilizarán para la teoría de los dos demonios. Hay un solo demonio: el Estado criminal, el que mata desde su poder, el que ignora las leyes que debiera aplicar. Es a ese Estado y a sus servidores a quienes el Estado democrático debe juzgar. Porque ciudadanos rebeldes o grupos de milicianos habrá siempre, o no. Pero no son ni serán el Estado. Los crímenes de lesa humanidad son los cometidos por esa entidad que tiene la misión de gobernar civilizadamente una sociedad civilizada, democrática y apartar de ella a quienes delinquen. Pero por medio de la ley y del precepto fundamental que dice: “Toda persona es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad”. Todavía, en nuestro país, se tortura a un detenido antes de saber qué hizo.

Si se emprende alguna acción judicial contra grupos civiles que hayan ejercido la violencia, habrá que diferenciarlo tenazmente de la teoría del “empate”, que es el fundamento de la de “los dos demonios”. Los crímenes de lesa humanidad –que no prescriben, que nunca prescriben– son los cometidos por el Estado de terror. Los juicios a grupos civiles, que no instrumentaron para sus fines al Estado, prescriben. Eso diferencia una situación de la otra. Y eso es acaso definitivo. Por lo tanto, la tarea esencial del Estado democrático es juzgar y establecer jurisprudencia en los juicios de lesa humanidad. Para eso, sin embargo, tiene que nuclear el poder necesario. Y en este mundo volcado a la derecha esa tarea será dura y riesgosa.

* Imágenes: 1) Familiares de victimas del terrorismo de Estado, claman justicia. 2) Manifestación en histórica Plaza de Mayo: No a la impunidad. Fuente: Internet.

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-110255.html

Sendero Luminoso y el narcotráfico: Detenidos confiesan vínculos

El General PNP Edwin Palomino Vega, jefe del Frente Policial Huallaga presentó en la base policial antidrogas a tres presuntos integrantes de Sendero Luminoso capturados en el distrito de José Crespo Castillo. Previo a ello informó que luego de la muerte de JL y Piero, la organización clandestina Sendero Luminoso en el Alto Huallaga ingresó a un proceso de reorganización y radicalización de sus bases.

Relató que dirigió un operativo que permitió la detención de tres sujetos cercano a una poza de maceración de hojas de coca, a quienes se les acusó de pertenecer a ese grupo subversivo y elaborar drogas para su financiamiento. Mediante el desplazamiento de varios grupos operativos se ejecutó la “Operación Leo”, que permitió la captura de Humberto Santiago Ramírez (a) Solano quien sería el teniente gobernador del caserío Wiracocha, de Rolin Ávila Tineo (a) Inrena y Fulgencio Falcón Celis (a) Roy.

A los detenidos se les incautaron documentos impresos y manuscritos proselitistas, pertrechos militares, municiones e incluso un chaleco de prensa con el logotipo bordado de un canal de televisión. Humberto Moisés Santiago Ramírez (a) Solano habría reconocido ser mando político en el margen derecho del Huallaga entre Pendencia y Aucayacu, por tanto coordinaba directamente con el camarada Artemio, líder de Sendero Luminoso en el Comité Regional del Huallaga.

Durante la presentación el general Palomino confundió el apelativo de “Solano” y lo calificó como “Nelson”. Y para dar muestras de eficiencia operativa del Frente Huallaga informó que en otro operativo ejecutado en Tambillo Grande se destruyeron 3 laboratorios de cocaína y cerca de 500 kilos de acetona.

Estos anuncios se dan luego que durante cinco días la población de la ciudad de Tingo María viviera momentos de tensión por las detonaciones de artefactos explosivos en una casa comercial y el domicilio de un comerciante y el asesinato de un sujeto cerca al asentamiento humano Alberto Fujimori, a quien sujetos desconocidos le partieron la cabeza y lo abandonaron a orillas del río Huallaga.

* Imagen: Presunto senderista presentado en base policial antidrogas. Fuente: Internet.

La Camioneta

El 18 de agosto de 2004, un policía impuso una papeleta por infracción de tránsito en la cuadra 5 de Grau, al ciudadano Alfredo Sánchez Miranda, que conducía una camioneta Nissan Frontier 4x4, del año 2002. La camioneta estaba registrada a nombre de una empresa: Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A., domiciliada en el jirón Colón 130, of. 301, Miraflores.
Alfredo Sánchez Miranda es hijo de Orlando Sánchez Paredes y sobrino de los desaparecidos Perciles y Segundo Sánchez Paredes, ambos vinculados al narcotráfico por una larga serie de acusaciones, señalamientos, evidencias y circunstancias. Hoy, la familia Sánchez Paredes es objeto de una investigación fiscal que indaga simultáneamente los ámbitos del lavado de dinero producto del narcotráfico y desviación de insumos químicos al narcotráfico.

A comienzos de año, el propio presidente de la República, Alan García, acompañado en la ocasión por el ministro del Interior, Luis Alva Castro, el jefe de la Policía, general PNP Octavio Salazar y por el jefe de la Dirandro, general PNP Miguel Hidalgo, reveló que la familia Sánchez Paredes era investigada por un equipo especial de la DINANDRO.

En total, 77 miembros de la familia y 124 empresas eran materia de investigación.
El conductor de la Nissan Frontier detenida en aquel agosto de 2004, Alfredo Sánchez Miranda no es solo hijo y sobrino de una familia notoria por los conceptos señalados, sino que tiene ya una importancia propia dentro del clan. Fue él quien recientemente presentó una demanda contra la revista Caretas, en el Consejo de la Prensa Peruana. La demanda sostiene que la serie de casi 20 reportajes de investigación sobre las vinculaciones de su familia con el narcotráfico (que significaron premios nacionales e internacionales de periodismo de investigación para la revista), eran difamatorios. Dada la cantidad de evidencias acumuladas, a estas alturas la acusación va a tener muchísimo más trabajo que la defensa en la presentación del caso.

Por eso, no hay mucha gente que tenga ahora particular interés en verse asociada con dicha familia. Ese no fue el caso hace unos pocos años. Prominentes empresarios, especialmente mineros, y varios políticos o importantes consejeros políticos tuvieron una relación cercana con los Sánchez Paredes.

A otros, la relación podría haberlos tocado de cerca en forma involuntaria.

Como por ejemplo, en la relación que estableció en sus primeros dos años la camioneta Nissan Frontier detenida aquella noche en Barranco.

Embarcada desde Yokohama, Japón el 31 de julio de 2002 la camioneta Nissan Frontier 4x4 de doble cabina fue importada a través del Callao por la compañía Nissan Maquinarias S.A., de la Av. La Marina 3380. La Declaración Única de Importación (ver) documenta que la camioneta llegó al Callao el 23 de agosto de 2002, pasó por aduanas declarando un valor CIF (costo, seguro y flete) de 14 mil 777.92 dólares.
Cinco días después, el 28 de agosto de 2002, Maquinarias vendía la camioneta.

Declarando un precio de lista para la venta de 29 mil 850 dólares, la compañía hizo un sustantivo descuento de 11 mil 850 dólares, para venderla en 18 mil dólares a un ilustre cliente: Alan García Pérez, entonces el líder más importante de la oposición luego de su derrota en las elecciones generales de 2001.

El vehículo fue inscrito a nombre de la sociedad conyugal de Alan García Pérez y Pilar Nores de García el 29 de agosto de 2002 en la oficina registral de Lima y Callao.

Menos de un año después, la familia García-Nores vendió la camioneta con una ganancia de 4 mil dólares sobre el precio de compra. El 4 de julio de 2003, en la oficina del notario Fernando Loayza Bellido, Alan García y su esposa vendieron el vehículo por 22 mil dólares a la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. Dicha compañía estuvo representada por su gerente general Belisario Esteves Ostolaza, quien pagó al contado.

El 29 de septiembre de 2003, en la misma notaría, se firmó el acta de ratificación de transferencia de vehículo. (Ver). Dicha acta buscó de subsanar la observación hecha sobre la transferencia anterior por el Registro de Propiedad Vehicular de Lima. El mismo día, la camioneta fue inscrita en la Sunarp a nombre de su nueva propietaria.

Belisario Esteves, además de gerente general de la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMS.A.) , fue viceministro de Comercio durante el primer gobierno de García. Pero el 2003 era una de las personas de mayor confianza del clan de los Sánchez Paredes.

En un acta de junta de accionistas del 1 de agosto de 2006, ATIMMS.A., mantenía como gerente general a Belisario Esteves, lo designó como presidente de la junta de accionistas, con un paquete minoritario de 803 acciones. El otro accionista individual era Wálter Valdez Muñoz, con 802 acciones. El accionista mayoritario era una compañía extranjera, inscrita en Panamá, llamada Ohana Overseas, con 78 mil 657 acciones, representada en ese directorio por Wálter Valdez.

¿Quiénes controlaban en realidad a Ohana Overseas, la dueña de ATIMMS.A. y de sus propiedades, incluyendo la Nissan 4x4?

Según la Escritura Pública número 562 inscrita en la Notaría Décima del Circuito de Panamá, fechada el 15 de enero de 2003, unos pocos meses antes de la venta de la camioneta, Ohana Overseas declaró como su presidente a Orlando Sánchez Miranda; como secretario a Elmer Manuel Vásquez Peláez y como tesorero a Carlos Alberto Vásquez Peláez.

Orlando es hermano de Alfredo Sánchez Miranda e hijo de Orlando Sánchez Paredes. Elmer Manuel Vásquez Peláez fue detenido en 1987 por la policía mexicana, luego del asesinato de Segundo Simón Sánchez Paredes, en el rancho “Luna”, del estado de Hidalgo. Al ingresar la Policía al rancho, encontró un laboratorio de cocaína acondicionado en el sótano y arrestó tanto a Vásquez Peláez como a Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes. Ambos resultaron denunciados por “elaboración y acondicionamiento de cocaína”. Sin embargo, años después, Vásquez Peláez aparecía como una de las personas de confianza de los Sánchez Miranda.De manera que ATIMMSA y Esteves resultaron siendo la fachada de la compañía del clan de los Sánchez Paredes. Por si hubiera duda respecto de la cercanía de Esteves con dicha familia, el 18 de marzo de 2003, la “Compañía de Exploraciones Algamarca S.A.” registró en la Sunarp el primer directorio bajo el control de los Sánchez Paredes. Como presidente de Algamarca fue designado Wálter Valdez Muñoz, el de ATIMMSA; y como directores, Jesús Esteves y el abogado Humberto Abanto, quien también fue nombrado gerente general, en cuyo cargo permaneció hasta 2007. El 2001 Abanto fue asesor de la comisión de Economía del Congreso, cuando el hoy ministro del Interior Luis Alva Castro era su presidente; y en 2006, Abanto fue asesor de la comisión de Presupuesto del Congreso, también presidida por Alva Castro.

IDL-SC preguntó a José Chirito, secretario de prensa de Palacio de Gobierno sobre la transacción de la camioneta Nissan Frontier. Chirito respondió, horas después, que, en efecto, “el 4 de julio de 2003, se vendió la camioneta a ATIMMSA… previamente se puso aviso en los clasificados de El Comercio. Finalmente se vendió el vehículo por 22 mil dólares a Esteves, representante de la empresa”.

Una búsqueda somera efectuada por IDL-SC de los avisos clasificados de junio y julio de 2003 en El Comercio, no encontró referencia a un anuncio de venta de esa camioneta. Quizá una búsqueda más exhaustiva pueda ubicarlo.

Por cierto que no hay delito en la venta de esa camioneta. Lo que sí ilustra la corta trayectoria de ese vehículo 4x4 es la cercanía, muchas veces involuntaria, otras no, en las que se desenvuelve la política y las empresas con grupos investigados por su pertenencia al crimen organizado. Así, las dos principales figuras de la conferencia de prensa en la que se anunció la investigación al clan de los Sánchez Paredes, resultaron haber tenido una cercanía presumiblemente involuntaria con ellos: Alan García les vendió su camioneta Nissan Frontier y Alva Castro los tuvo, a través de Abanto, como asesores en el Congreso. (Gustavo Gorriti y Sheilla Díaz)

Transportes a la mina

El mismo año, 2003, en el que Alan García vendió la camioneta Nissan Frontier a ATIMMSA y, probablemente sin saberlo, a sus dueños reales, una compañía de carga terrestre transportó en varias ocasiones insumos químicos a COMARSA, la compañía minera de los Sánchez Paredes. El nombre de la compañía de carga es “Transportes don Reyna” y su gerente general es José Antonio Nava, hijo de Luis Nava, actual secretario general de la Presidencia de la República.

De acuerdo con diversas facturas a las que tuvo acceso IDL-SC, entre el 12 de noviembre de 2003 y el 30 de diciembre de ese año Transportes don Reyna transportó por lo menos en nueve ocasiones cargamento hacia la mina en Angasmarca, La Libertad. La carga declarada, de varias toneladas en cada caso, fue, por lo general, de cajones de cianuro en briquetas, y en algunos casos de tubos y geomembranas. (Ver copias de facturas).

Transportes don Reyna es una sociedad anónima dedicada al “transporte de carga por carretera”, cuyo gerente general desde 1995 es José Antonio Nava. Su domicilio fiscal está en Paseo de la República 5812; y su domicilio físico se declara en Petit Thouars 2866, Of. 804, San Isidro.

IDL-SC entrevistó por teléfono a José Antonio Nava, quien indicó que su compañía ha realizado “más de 3 mil fletes” y que a Comarsa “le hicimos unos pocos fletes el 2003”.
Los fletes, añadió Nava, “se hicieron cuando no sabíamos quiénes eran y han representado menos del 1% de nuestra facturación”.

Don Reyna” tiene, según informa Nava, “7 camiones propios y 5 en leasing”. En cuanto a los Sánchez Paredes, Nava afirmó que “no hubo ninguna relación personal con los Sánchez Paredes, ni volvimos a hacerles flete…se diluyó la relación con ellos… fue una operación enana”. Nava dijo haberlos visto “en los caballos de paso o en los baños turcos, pero no conozco a los Sánchez Paredes”. (Gustavo Gorriti y Sheilla Díaz)

* Imagen: Jesús Esteves Ostolaza, Orlando Sánchez Paredes y Orlando Sánchez Miranda.

Tomado de:
http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2008/25-08/la-camioneta.htm

La Guerra Oculta en el Huallaga, Monzón y Aguaytía

Once erradicadores manuales de coca han muerto por explosión de minas en lo corrido del año

Las Farc están utilizando artefactos explosivos más difíciles de detectar. El sur del Putumayo y el Bajo Cauca antioqueño son las zonas con mayor número de ataques.

Según las cuentas de Acción Social, además de los muertos, 36 campesinos han resultado heridos por explosivos mientras arrancan las matas de coca.

El último caso ocurrió el 8 de agosto pasado en el municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), donde murieron Froilán Valencia Coronado y Luis Alfonso Castro.

Precisamente, el sur de Putumayo y el Bajo Cauca antioqueño son las regiones en donde se registran más ataques de este tipo. La Agencia Presidencial para la Acción Social, a la que pertenece el programa, reporta que los grupos armados irregulares, especialmente las Farc, han encontrado manera de engañar a los buscadores de minas del Ejército y la Policía.

"Las minas que han explotado no las han rastreado ni los perros ni los detectores, a pesar de la dedicación de los equipos de desminado", explica Eugenia Restrepo Uribe, directora de los Grupos Móviles de Erradicación.

Desde el inicio del programa se conocía que los sembrados de coca estaban minados para entorpecer la erradicación, por lo que los grupos de los que arrancan las matas van protegidos por escuadrones antinarcóticos y precedidos por los que arrancan las minas.

Amarran minas a las matas

En tres años han muerto 40 erradicadores y 51 han sufrido heridas. Nueve de cada 10 heridos y/o muertos son víctimas de las minas.

El director encargado de Antinarcóticos de la Policía, coronel José Ángel Mendoza, asegura que las Farc está utilizando un tipo de minas artesanales en plástico difíciles de detectar.

"Partimos de la connotación de minimizar el riesgo, pero eliminarlo al 100 por ciento es muy difícil, por la extensión del terreno", explica el coronel Mendoza. En los registros de la Policía son cuatro los erradicadores muertos este año, pero sin duda el aumento en las cifras está amarrado al aumento del área de coca que será erradicado manualmente este año: la meta es llegar a las 100 mil hectáreas.

Según Mendoza, "no es que los equipos no funcionen, sino que el ingenio de los terroristas busca hacer cada vez más daño.Ahora entierran más profundo las minas, y al jalar las matas se activan.

Además, las están recubriendo de plástico, lo que dificulta que sean detectadas".

La Policía ha consultado con técnicos y expertos extranjeros para mejorar el entrenamiento de los encargados del desminado y ha buscado asesoría para comprar otros equipos con una onda de mayor potencia, más sensibles a la hora de detectar las trampas explosivas.

Restrepo Uribe asegura que también se contempla la idea de comprar botas antiminas, para proteger a los grupos, que ahora permanecen hasta dos meses meses en una zona. Antes los erradicadores entraban y salían y no eran tan vulnerables.

Hostigamiento en el terreno

Las minas no son la única amenaza que enfrentan los campesinos erradicadores. Muchos se han salvado de ataques de la guerrilla.

Según Acción Social, a diario los anillos de seguridad que blindan los escuadrones de erradicación entran en combate. En tres años han muerto 15 policías antinarcóticos y no menos de 30 soldados que acompañaban a los grupos.

"Pese a la fuerte seguridad de la que vamos acompañados, las Farc nos atacan. En el Nudo de Paramillo, en Córdoba, a los anillos de seguridad les toca enfrentarse permanentemente contra la guerrilla", dice Restrepo Uribe. Según explica, "todo lo que apunte a quitarles a los grupos irregulares la plata proveniente del narcotráfico es objetivo militar".

La permanente amenaza no deja de afectar la confianza de los erradicadores. Tras el último accidente con mina se retiraron 55 erradicadores y el porcentaje de los que se van por el riesgo está por el 18 por ciento, según las cifras de Acción Social.

José Wílder ahorraba para un tratamiento odontológico

El jueves 5 de junio José Wílder Benítez no hizo la acostumbrada llamada que hacía en las tardes a su familia.

Ese día, a las 11:30 de la mañana, una mina le arrancó la vida mientras él le arrancaba una mata de coca.

Llevaba un mes y 10 días interno en las montañas de La Caucana, corregimiento de Tarazá (Antioquia), con el Grupo Móvil de Erradicación de Cultivos Ilícitos, al que se había unido 12 meses atrás.

"Él alcanzó a sobrevivir casi cinco minutos. Corrió y gritó: ¡me hirieron, me hirieron!, pero luego, más calmado, se sentó en un barranquito de la montaña, cogió su brazo izquierdo y se puso la mano en el pecho. Ahí se quedó sentado esperando morir".
Eso es lo que cuenta David Benítez, sobrino de José Wilder, quien a su vez recibió la versión de los compañeros de su tío.

En la erradicación se trabaja en llaves de dos. Pero a sus 34 años José Wílder seguía siendo muy tímido y prefería trabajar solo. Por eso la mina solo lo mató a él.
Ese día, recuerdan sus colegas, estaba feliz y algo charlador. Quizás pensaba en que solo le faltaban 20 días para regresar a su pueblo, Urrao, suroeste antioqueño, y comenzar el tratamiento odontológico para el que venía ahorrando.

"Tenía su platica para mandarse a hacer una prótesis de un diente que perdió en un accidente cuando estuvo en el Ejército. Es que él era muy vanidoso, le gustaba andar bien motilado, con buenas zapatillas (tenis), sus buenos jeans y camisas de botones", dice su sobrino.

En su casa lo recuerdan como el menor de los hombres de una familia llena de mujeres: seis. Como un joven reservado que siempre se destacó por ser buen trabajador, al que no le importaba "asolearse" con tal de cumplir con su labor.

En Urrao dicen que entró al grupo de erradicación en busca de una estabilidad económica para apoyar a su padre con los gastos, pues su anterior trabajo como ayudante en el campo no le dejaba mayores ingresos.

Juan Carlos murió contando los días para ver a su familia

La imagen que perturbó a Juan Carlos Rojas durante su primera experiencia en el Grupo Móvil de Erradicación de Cultivos Ilícitos, a comienzos de año, se repitió el pasado 4 de junio.

El dolor de soldados heridos y con los pies destrozados por las minas antipersona, también debió experimentarlo al mediodía de ese miércoles. A esa hora, bajo el inclemente rayo de sol que cubría el municipio de Briceño (Antioquia), una mina explotó luego de que su compañero "metiera la pica" y él arrancara una mata de coca. En la explosión perdió su brazo y pierna derecha.

"Los mandó a volar como 20 metros, -cuenta María Rincón, su esposa-. Su compañero sobrevivió, pero mi Juan Carlos no aguantó y murió en el helicóptero cuando lo llevaban a un hospital en Medellín".

La mujer, de 33 años y quien llevaba un mes y cuatro días esperando a su esposo en una humilde casa de Chiquinquirá (Boyacá), recuerda que juntos contaban los días en que se volverían a ver.

"Solo faltan 15. Si ya aguanté lo más, aguanto lo menos", le dijo por última vez Juan Carlos a María.

Lo decía porque estuvo a punto de devolverse por una gripa que lo había hecho sentir débil y enfermo.

¿Cómo avanza el programa de erradicación?

La directora del programa Grupos Móviles de Erradicación de Cultivos Ilícitos, Eugenia Restrepo Uribe, asegura que para este año la meta es erradicar 100 mil hectáreas de coca.

En el programa hay cerca de 6.000 hombres organizados en grupos de 28 personas que visitan por dos meses las regiones con mayor presencia de cultivos ilícitos.

Van custodiados por dos anillos de seguridad que cubren sus avances y retiradas.

Actualmente están concentrados en regiones de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Nariño, Putumayo, Santander y Meta. En lo corrido del año, estos hombres han 'limpiado' 52 mil hectáreas, mientras que el año pasado en los doce meses se erradicó la misma extensión.

El proceso de erradicación manual ha superado varios momentos complicados en los últimos tres años. El más complejo fue a finales del 2006, por los frecuentes ataques de las Farc, especialmente en La Macarena (Meta). Allí murieron ocho policías, 13 resultaron heridos; fallecieron dos erradicadores y 37 sufrieron heridas, según cifras de Antinarcóticos.

Recientemente, en abril, campesinos cocaleros protestaron durante varios días en Tarazá y Valdivia (Antioquia) por la llegada de los erradicadores y paralizaron la zona. En este caso, las marchas no frenaron las actividades de erradicación.

* Imagen: Las Farc amarran las minas a las matas de coca. Cuando las plantas son arrancadas por los erradicadores, las trampas explotan.

Tomado de:
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-22/once-erradicadores-manuales-de-coca-han-muerto-por-explosion-de-minas-en-lo-corrido-del-ano_4460262-1

Moqueguazo en la selva: lecciones de una crisis

Los secuestrados que negó Alva Castro

No pasó mucho tiempo para que, tras el ‘Moqueguazo’, la Policía Nacional se viera nuevamente desbordada y, en ocasiones, hasta humillada. Si Moquegua dejó alguna lección, en el Ministerio del Interior parecen no haberla aprendido.

¿Cómo mantiene el orden una democracia? En primer lugar, tratando de evitar el uso de la fuerza. El genio de la democracia es que al estar basada en la discusión, el debate y el poder delegado pero fiscalizado, la deliberación es mucho más importante que la fuerza, a diferencia de los regímenes autoritarios. Eso es algo que este gobierno olvidó en este y en varios otros casos, al menospreciar la importancia del diálogo y el debate.

Pero hay ocasiones en las que hasta una democracia necesita utilizar la fuerza pública para mantener el orden y el imperio de la ley. La policía de una democracia debe saber utilizar con mesura pero eficiencia esa fuerza.

¿Qué pasa cuando la Policía, y el gobierno, no saben administrar ni la mesura ni la eficiencia ni la fuerza? Moquegua o Bagua. En vez del Policía tirapalos de antaño, resulta el Policía piñata de hoy: algo que no solo es pésimo para la gobernabilidad sino para la misma democracia.

¿Qué pasó? ¿Por qué no se aprendieron las obvias lecciones del bochornoso moqueguazo? IDL-SC ha reconstruido la cadena de indecisiones, malas decisiones y mentiras con las que el ministerio del Interior manejó esta crisis.

Habiendo fracasado toda la etapa de inteligencia y, por supuesto, la de las decisiones políticas, llegó el momento, para el Gobierno, de usar la fuerza pública. Y éste lo hizo de la siguiente manera:

• El sábado 9 de agosto se inició la protesta de las comunidades nativas, pero recién el miércoles 13 la Policía dispuso el envío de un pequeño contingente de la Diroes. Entonces, la situación ya había salido de control.

• Ese miércoles 13 de agosto, de acuerdo con información policial que obtuvo IDL- SC, los nativos ya habían tomado la Estación Nº 5 de Petroperú (en Saramiriza) y tomado como rehenes a personal policial.

• La nota informativa S/N “C1”- 2008- DIROES- DINOES- PNP, con el título COMISIÓN “ESTACIÓN 05- PETROPERÚ- SARAMIRIZA”, del 13 de agosto, informa que: “En la Estación de Bombeo No. 5 Saramiriza, se tomó conocimiento que un grupo de (18) efectivos PNP (16 DINOES-PNP y 02 de la RPNP-AMAZONAS), al mando del Cmdte. PNP Jhonny VELEZ NORIEGA (RPNP-AMAZONAS), habrían sido retenidos por pobladores indígenas que vienen acatando medidas de fuerza y protesta desde el 09AGO2008 en la jurisdicción de Mesones Muro-Amazonas”.

• La nota da cuenta además de las circunstancias en que fueron detenidos los efectivos policiales. Se señala que el grupo era “trasladado en un helicóptero de la FAP desde la Estación Nº 7 "EL VALOR"-PETROPERU (Bagua) con dirección a la Estación Nº 6 - CHIARIACO (la misma que se encontraba rodeada de pobladores indígenas), pero por causas que se desconocen, habría aterrizado a (02) Km. de dicha Estación Petrolera, circunstancias en que fueron rodeados y/o retenidos por los protestantes a fin de evitar que lleguen a la mencionada estación”. Según la nota informativa pese a la intervención del jefe del cuartel del Ejército de Mesones Muro para la liberación de los policías (para que sean llevados al cuartel sea al Cuartel EP u otro lugar seguro) los nativos no liberaron a los policías.

• La nota termina con un dramático llamado: “se solicita a la Superioridad tenga a bien disponer y/o coordinar con los niveles o canales respectivos a fin de conocer la situación de los efectivos PNP retenidos y evitar costos sociales”.

• Aún cuando ya había información del secuestro de los policías ese día el comando policial solo ordenó la salida del coronel Alfonso Chávarri Estrada (número dos de la Diroes) junto con un reducido grupo de efectivos. Otro equipo de 50 efectivos de la Diroes se ubicaba mientras tanto en la Estación "Morona", Nº 6 (Chiriaco) y localidad de Santa María de Nieva (Prov. Condorcanqui – Amazonas). Pero, en las inmediaciones de la estación Nº 5 y Nº 6 se encontraban ya 4 mil 500 nativos.

• La movilización de miles de nativos ahogó la escasa presencia policial. Aislados, rodeados por un mar de lugareños, el secuestro de policías se tornó en práctica común. El sábado 16, dos suboficiales (el SOT2. PNP. César García Zuñiga y el SOT3. Orlando Irigón Vásquez) de la Región Policíal de Amazonas que supuestamente brindaban seguridad en las instalaciones de la Estación Nº. 06 – Kuzu Grande fueron capturados por los nativos y conducidos al Puesto de Salud de Imaza.

• Al día siguiente, domingo 17 de agosto, en la hidroeléctrica El Muyo (Distrito de Aramango-Provincia de Bagua-Amazonas) que abastece energía eléctrica a Bagua, Utcubamba y Jaén, 300 nativos rodearon a los 17 efectivos PNP que resguardaban la represa. El resultado: la toma de la represa y las instalaciones de la Hidroeléctrica y el secuestro de los policías. Horas después, 15 de ellos fueron liberados y los nativos mantuvieron secuestrados al capitán Gabriel Ramírez Quijandría y al suboficial Juan Rodríguez Salazar, en la Plaza de Armas del Distrito de Aramango. El lunes 18, el suboficial Juan Rodríguez Salazar fue liberado, pero el capitán quedó secuestrado. Solo la gestión del jefe de la Región Policial Amazonas, general PNP Víctor Castañeda, logró que la Comisión de Nativos liberará horas más tarde al capitán Gabriel Ramírez Quijandría, quien fue trasladado al hospital.

• El mismo día el general Castañeda gestionó, aunque sin éxito, la liberación de los efectivos Cesar García Zuñiga y Orlando Irigon Vásquez retenidos desde el sábado en la Posta Médica de Imaza-Chiriaco-Bagua.

• No eran los únicos lugares en que los nativos rebasaron a la Policía. El sábado 16 en el puente Corral Quemado (en El Milagro-Utcubamba) mil 500 nativos bloquearon la Carretera Fernando Belaunde Ferry y hostigaron a los escasos 50 efectivos PNP de la Región Amazonas que intentaron desalojarlos.

• El sábado, mientras varios policías permanecían secuestrados, el ministro del Interior Luis Alva Castro negó, mintiendo, lo que la propia Policía Nacional informaba. Ese día, en entrevista con el diario La República, Alva Castro no sólo afirmó que todo estaba tranquilo en Bagua sino que no había ningún policía en poder de los nativos.

• Un día después, el domingo, en pleno desmadre selvático, el ministro indicaba: “En catorce meses no podemos cambiar todo, pero hemos avanzado notablemente y demostramos al país que la Policía sí es capaz de asumir su responsabilidad y mantener el orden y la seguridad. Ahora está mejor preparada y dispuesta a cumplir su misión”. La verdad era otra. Los efectivos cumplían cinco días retenidos por los nativos. Ese día, LAC viajó a Arequipa para entregar 60 nuevos patrulleros al Gobierno Regional.

• Cuando el descontrol se generalizaba en Bagua, el lunes 18 se produce una tardía sobrerreacción del Gobierno. LAC llegó a la zona (en el Helicóptero PNP MI 17-504) y horas después ( en el Hércules Nº. 382 de la FAP) llegó a Jaén el director general de la Policía, Octavio Salazar, acompañado por el general PNP Julio Vergara Herrera, jefe de Operaciones Policiales y por el general PNP Miguel Hidalgo, jefe de la Dirandro. Como se ve, a estas alturas, la Fuerza Armada ya colaboraba con el transporte policial. En el mismo vuelo llegaron 101 efectivos Dinoes, bajo el mando del mayor PNP Antonio La Madrid.

• A las 2. 45 de la tarde de ese día, 99 efectivos de la Diroes al mando del comandante Edwin Iparaguirre llegan a la zona a bordo del avión de la FAP.
• Una hora después, en otro avión de la FAP llegó un contingente de 102 Sinchis desde Mazamari, al mando del coronel Máximo Vargas, para instalarse en el Fuerte Militar "El Milagro" – Bagua Chica.

• A las 7 de la noche, 48 policías más, al mando del mayor Harris Espinoza, llegaron Jaén a bordo de un bus de una empresa de transporte.

Como se ve, recién ese día se desplegó buena parte de la fuerza de reacción que tiene la Policía y se concentró virtualmente a todo el alto mando policial. Incluso el jefe antidrogas, general PNP Miguel Hidalgo, a quien el general Salazar parece mirar ahora con recelo, pese a proceder ambos de la Guardia Republicana, fue enviado a la zona, dejando de lado las tareas antinarcóticos. En ese momento de sobrerreacción, después de los días de negligencia y parálisis, el Gobierno parecía tratar de echar mano desesperadamente de los jefes con capacidad operativa.

• ¿Por qué se demoró tanto? Parece que una de las razones principales fue el gran despliegue policial en Ica durante los días anteriores. Según pudo conocer IDL- SC, 300 efectivos de la Diroes se desplazaron entre el 9 y el 10 de agosto a la ciudad de Ica con la finalidad de garantizar la ceremonia de entrega de patrulleros que haría el ministro del Interior Luis Alva Castro. Efectivamente, el lunes 11 de agosto Alva Castro entregó 25 vehículos para la ciudad de Ica. Luego, se movilizó más policías para prevenir la protesta social en el aniversario del sismo.

• El mismo día 19 de agosto, el viceministro del Interior Danilo Guevara intentó, con involuntario patetismo, evitar reconocer que había todavía policías secuestrados. “Todos los efectivos de la PNP están localizados”, dijo. No explicó dónde.

• Pero incluso el mismo martes 19, cuando se desbloqueaba el puente de Corral Quemado, el jefe de la región de Amazonas Víctor Castañeda firmaba un acta con la comisión regional de movilización que señalaba en uno de sus puntos que “la comisión regional de movilización se compromete en gestionar la liberación de los dos efectivos de la PNP que se encuentran retenidos en Imaza”.

Algunas de las conclusiones más evidentes de esta sucesión de pequeños moqueguazos, son las siguientes:

• La PNP solo parece tener la capacidad de responder a una crisis social, posible o real, a la vez.

• El despliegue policial tiende a fluctuar entre la negligencia y la sobrerreacción.

• Como se verá (ver recuadro) la relación entre la información de inteligencia y las disposiciones operativas parece ser muy deficiente.

• En lo operativo, se tiende a desplegar inicialmente efectivos insuficientes en número, sin equipamiento adecuado, con escaso entrenamiento, para misiones que les resulta imposible cumplir. El resultado, es el policía piñata, algo casi tan nocivo para la democracia, como el policía brutal.

• Ese es el resultado, finalmente, de un liderazgo clamorosamente incompetente, de un ministerio sin ministro.

Desinteligencias

¿Existió inteligencia suficiente sobre el inminente conflicto? Fuentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica (Dinie) indicaron a IDL-SC que sí alertaron sobre la masiva protesta que se gestaba, por lo menos tres semanas antes.

IDL-SC no ha podido corroborar independientemente esa afirmación. Ciertamente, es muy conocida la maña de los organismos de Inteligencia de hacer hojas informativas sobre cualquier posibilidad de conflicto social. Con eso, crean una estática informativa, pero se cubren de posibles errores. Pero lo que importa es saber si la información producida estaba correctamente analizada y clasificada de acuerdo a su relevancia.
Si hubo información oportuna, ¿se canalizó correctamente? Según se sabe, en el campo de las decisiones del Ejecutivo es el Núcleo de Inteligencia donde se analiza la información de Inteligencia para luego actuar. El Núcleo de Inteligencia es el espacio creado para prever los conflictos y organizar una mejor respuesta desde los diferentes sectores del Gobierno. Si inicialmente los ministros de los sectores claves, como el Interior, Defensa, Energía y Minas, entre otros, asistían puntualmente, las reuniones de los lunes por la mañana son ahora ralas. Últimamente, solo el premier Jorge del Castillo y sus funcionarios asisten para tomar nota de los reportes de la Dirección General de Inteligencia delMinisterio del Interior (Digimin), Dirección de Inteligencia (Dirin) y de la Dinie.

Además de Del Castillo, el equipo de la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM es el que usa la información. Es esta oficina, dirigida por Juan Manuel Figueroa, la que debe atender las más delicadas situaciones de crisis social. Eso, empero, no ocurre. Figueroa, quien ocupa el cargo hace un año, tiene poca experiencia en resolución de conflictos. Lo primero que hizo al llegar el aprista y ex congresista por Cusco fue reemplazar al equipo de profesionales que manejaba el tema para reemplazarlos por militantes apristas sin experiencia en resolución de conflictos. Primero, nombró como coordinador a Ronald Ibarra, de la base aprista del Cusco, luego ingresaron Valery Niño de Guzmán (ex secretario de juzgado de Cusco, militante aprista), Johan Otoya (militante aprista) y María del Carmen Castillo, quien antes de ocupar el cargo de analista de la Unidad de Conflictos se desempeñaba como fotógrafa del INDEPA, institución que antes dirigía Figueroa.

A nivel del ministerio del Interior son la Digimin y la Dirin las unidades que proporcionan información de Inteligencia al ministro del Interior y al director general de la Policía, respectivamente, para la toma de decisiones. Ciertamente, la DIGIMIN también reporta al premier y al presidente Alan García.

Determinar si las notas de inteligencia proporcionadas tanto por la DIRIN y la DIGIMIN contenían información relevante para el manejo de la crisis es fundamental para establecer responsabilidades. De acuerdo con fuentes consultadas, tanto la DIGIMIN como la DIRIN han aumentado significativamente sus partidas para gastos reservados. Según las mismas fuentes, la DIRIN, dirigida por el coronel Marino Sihuas (hombre de confianza del director de la Policía), tiene un monto de no menos de 500 mil soles mensuales para la obtención de Inteligencia.

* Imagen: Para el ministro Luis Alva Castro todo estaba bajo control en Bagua

Tomado de:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-110237.html

Historia de los Juegos Olímpicos

La competición de los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más importante del planeta. Con una tradición milenaria y el respeto y veneración de millones de deportistas, los Juegos alcanzan su cénit de popularidad a partir de siglo XX.

Origen

Los Juegos Olímpicos son la máxima cita del deporte mundial que, en su era moderna, iniciada en Atenas en 1896, se celebra cada cuatro años en una sede distinta. El intento de revivir los juegos olímpicos de la antigüedad se debió a los esfuerzos del pedagogo francés Pierre de Coubertin, auténtico fundador de los Juegos Olímpicos de Verano, objeto de este artículo. La primera edición de los Juegos Olímpicos de Invierno tuvo lugar en 1924. A partir de ese año se celebraron en los mismos años que los de Verano; sin embargo, desde 1994, los Juegos de Invierno se alternan con los de Verano en los años pares.

Los planes para la celebración de los Juegos en su era moderna comenzaron en 1894 con la fundación del Comité Olímpico Internacional (COI), que recibió ayudas de organizaciones deportivas y de individuos de distintos países, principalmente europeos en un primer momento. El COI redactó los principios competitivos y eligió Atenas (Grecia) como sede de los I Juegos Olímpicos de la era moderna. Su organización corresponde al COI, que elige las sedes olímpicas con seis años de antelación, tiene su sede central en la ciudad suiza de Lausana y trabaja de forma estrecha con los distintos comités olímpicos nacionales de cada país.

Evolución de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos han evolucionado desde sus orígenes, y en particular desde su implantación en el siglo XX. Repasamos cómo ha cambiado la competición desde su nacimiento.

Cambios en la competición

Desde la primera edición de los Juegos del ciclo moderno, el número de mujeres participantes y el número de deportes y pruebas abiertas a la competición en los mismos se ha incrementado. Un tercer desarrollo significativo ha sido la mejora gradual de los resultados por las sucesivas generaciones de atletas olímpicos.

Ceremonias

Tradicionalmente una ceremonia muy elaborada abre los Juegos Olímpicos. Hay un desfile de los atletas entrando en el estadio, precedidos por el equipo griego, en honor a los fundadores de los Juegos Olímpicos, con la nación anfitriona marchando en último lugar. Se toca el himno olímpico y se iza la bandera olímpica (cinco aros entrelazados sobre un fondo blanco). Entra entonces un corredor portando la antorcha olímpica, encendida en su inicio por los rayos del sol en Olimpia (Grecia) y llevada a la sede por relevos de corredores. La ceremonia finaliza con una suelta de palomas, simbolizando el espíritu pacífico de los Juegos.

Durante la celebración de los Juegos se realizan ceremonias de imposición de medallas en honor a los ganadores de cada prueba. El primer, segundo y tercer clasificados suben a un podio y reciben medallas de oro, plata y bronce, respectivamente. Se izan las banderas de los países de los tres atletas y suena el himno del país del ganador de la medalla de oro. Otra ceremonia, de clausura, cierra los Juegos.

Puntuación

Los Juegos Olímpicos son una competición de atletas individuales, no de países, y el COI no da los resultados por naciones. Sin embargo, los medios de comunicación de todas las naciones informan de los resultados obtenidos por sus representantes de acuerdo con uno o dos sistemas de puntuación. En el sistema por puntos, se conceden diez puntos por cada medalla de oro en una prueba, cinco por cada medalla de plata, cuatro por la de bronce, tres puntos por un cuarto lugar, dos por un quinto y uno por un sexto. El otro sistema de puntuación elabora una lista (medallero) con el número de medallas ganadas por cada nación.

Los Juegos Olímpicos en la antigüedad

Los Juegos Olímpicos son los más famosos de los cuatro juegos antiguos celebrados por los griegos. Los otros tres eran los juegos ístmicos, los píticos y los nemeos.

Los juegos olímpicos se celebraban en verano, cada cuatro años (periodo llamado olimpiada), en Olimpia, el emplazamiento del santuario más importante del dios Zeus.

La primera olimpiada data del 776 a.C., aunque los juegos, lo más probable, es que empezaran antes. A principios del año de los juegos, se enviaban mensajeros a todo el mundo griego para invitar a las ciudades-estado a homenajear a Zeus. Éstas enviaban delegaciones para competir en esplendor y en actividades atléticas con otras delegaciones. En las competiciones sólo podían participar hombres honorables de ascendencia griega y durante su celebración se cumplía la denominada tregua olímpica que implicaba la paralización de los conflictos bélicos. Los juegos pasaron de ser un festival de atletismo y lucha que duraba un día, a convertirse en una celebración de cinco días con diferentes pruebas, en el 472 a.C., y en el 350 a.C. adquirieron las características definitivas que les hicieron tan célebres para la posteridad.

No se conoce con precisión el orden de las pruebas, pero el primer día se dedicaba a los sacrificios. El segundo comenzaba, con toda probabilidad, con carreras pedestres, para las cuales los espectadores se reunían en el estadio, una zona rectangular rodeada por bancos de tierra en pendiente. Los otros días se celebraban luchas, boxeo y el pancracio, una combinación de las dos. En un principio, el objetivo de estos deportes era arrojar a tierra al antagonista tres veces.

Los 10 mandamientos de Beijing 2008

China quiere que sus olimpiadas pasen a la Historia por su organización y seguridad. Para ello, se ha emitido un decálogo de normas de obligado cumplimiento para todos aquellos que estén implicados en este evento.

1 - Prohibidas la compra y venta de falsificaciones
2 - Máximo respeto a la simbología olímpica
3 - No cruzarás un semáforo en rojo
4 - Siempre se debe respetar una cola o una fila
5 - Nunca se podrá escupir en la vía pública
6 - Prohibidos los 'graffitis' sobre la Gran Muralla
7 - Vetados los alborotos en las zonas olímpicas
8 - Protección al orden y los proveedores
9 - Penas severas para reventas y apuestas
10 - Demanda de máxima colaboración

Grandes leyendas de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos, que vivirán a partir del 8 de agosto en Pekín su XXIX edición de la Era Moderna, perduran en el recuerdo gracias en parte a la actuación de leyendas que han iluminado el mavor evento deportivo multidisciplinario a lo largo de sus 112 años de historia.

Jesse Owens. Estados Unidos, Atletismo

Carl Lewis. Estados Unidos, Atletismo

Mark Spitz. Estados Unidos, Natación

Comaneci. Rumania, Gimnasia

Bob Beamon. Estados Unidos, Atletismo

Michael Johnson. Estados Unidos, Atletismo

Merlene Ottey. Jamaica - Eslovenia, Atletismo

Nikolay Andrianov. Rusia, Gimnasia

Steve Redgrave. Gran Bretaña, Remo

Kristin Otto. Alemania del Este, Natación

Alexei Nemov. Rusia, Gimnasia

Vitali Shcherbo. Bielorrusia, Gimnasia

Sebastian Coe. Estados Unidos, Gran Bretaña

Alexander Popov. Rusia, Natación

Al Oerter. Estados Unidos, Atletismo

Birgit Fischer. Alemania, Piragüismo

Johnny Weissmuller. Rumanía, Natación

Paavo Nurmi. Finlandia, Atletismo

Alexander Dityatin. URSS, Gimnasia

Dawn Fraser. Australia, Natación

Matt Biondi Estados Unidos, Natación

Robert Korzeniowski. Polonia, Atletismo

Teófilo Stevenson. Cuba, Boxeo

Valeri Borzov. Ucrania, Atletismo

Lasse Viren. Finlandia, Atletismo

Tomado de:
http://www.2008.com/cmarter.asp?doc=818
http://deportes.es.msn.com/juegos-olimpicos/

Nativos celebran anulación de la ley de la selva y retornan a comunidades

El Pleno del Congreso aprobó la anulación de los decretos legislativos 1015 y 1073. Ante esto, los nativos congregados en la plaza Héroes del Cenepa de Bagua, en Amazonas, recibieron la noticia con júbilo y llanto.

“Ha sido una decisión del pueblo”, sostuvo uno de los manifestantes, mientras algunos conductores de mototaxis y vehículos hacían sonar las bocinas en señal de aprobación y alegría.

Por su parte, el congresista por Amazonas, Alfonso Maslucán, calificó este hecho como una decisión “histórica”. “Estas medidas venían generando un problema social pero ahora existe tranquilidad”, anotó.

El legislador mostró su esperanza de que el Ejecutivo ratifique la decisión del Congreso. “Esperemos que a raíz de lo sucedido también se levante el estado de emergencia en las provincias de Bagua y Utcubamba”, indicó.

Poco después de las 15:00 horas, pobladores de Bagua, nativos y organizaciones de base de Utcubamba (Amazonas) y Jaén (Cajamarca) iniciaron una movilización pacífica como acto de alegría frente a los resuelto por los legisladores.

Los manifestantes partieron de la plaza Héroes del Cenepa hasta la avenida del mismo nombre que se ubica en el centro de la ciudad. Según los dirigentes nativos, la jornada culminará con un mitin.

Tras un largo debate, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen que deroga los decretos 1015 y 1073, sobre el quórum para decidir el uso de tierras en las comunidades nativas.

*Imagen: El legislador mostró su esperanza de que el Ejecutivo ratifique la decisión del Congreso.

Tomado de:
http://www.larepublica.com.pe/content/view/239670/676/

Farc buscan frenar la erradicación

El ataque de ayer en Yarumal es una respuesta a las acciones de la Fuerza Pública contra los cultivos ilícitos, según las autoridades del departamento.

La erradicación de los cultivos de coca en el Norte y Bajo Cauca antioqueños puede ser la causa de los recientes ataques de las Farc en esta zona del departamento.

El más reciente hecho se presentó la madrugada de ayer en el municipio de Yarumal, en el cual resultaron heridos cuatro miembros de la Fuerza Pública y un civil.

La acción se registró en Ventanas, en la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica.

El secretario de Gobierno de Yarumal, Pablo Yamit Ramírez, informó que "pasadas las cuatro de la mañana, hombres armados pararon un carrotanque de Colanta, lo incineraron y minaron el terreno cercano".

"Cuando hicieron presencia el Ejército y la Policía, activaron las cargas", agregó Ramírez. Por la explosión, cinco personas resultaron heridas.

Aunque el funcionario no especificó el grupo autor del ataque, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez, y el secretario de Gobierno del Departamento, Andrés Julián Rendón, indicaron que se trató de una acción del frente 36 de las Farc.

La IV Brigada reportó que los lesionados bajo su mando son los soldados Hernando Mariaca Hernández, que tiene incrustación de esquirlas en ambas piernas, y Juan David Valle Corzo, quien presenta una herida leve en la nuca. El primero de ellos fue trasladado ayer a Medellín y el segundo permanece en el hospital San Juan de Dios de Yarumal.

Los miembros de la Policía heridos fueron los patrulleros Leonardo Huertas Buitrago y Yesid Andrés Silva García, quienes sufrieron lesiones por esquirlas. Ambos son atendidos en la clínica de la institución en Medellín.

El otro herido por la acción terrorista fue Andrés Mesa, un ciudadano que se movilizaba por la vía y el cual fue atendido en Yarumal por lesiones en uno de sus ojos.

El hospital San Juan de Dios de Yarumal reportó la atención de otras tres personas -un soldado y dos civiles, las cuales fueron dadas de alta a las pocas horas, por tratarse de heridas leves.

El coronel Martínez explicó que "las tres cargas explosivas estaban instaladas de manera dirigida y fueron activadas cuando los policías y militares apagaban el carrotanque, que había sido atravesado en la carretera".

"Eso quiere decir que los sujetos estaban por ahí, muy cerca, y que la explosión se activó con un mando a distancia", agregó el Comandante de la Policía Antioquia.

En la carretera entre Medellín y la costa atlántica hay patrullajes constantes de la Policía de Carreteras con las Unir -grupos de 20 uniformados que circulan en 10 motocicletas-, además de la presencia de militares del Plan Meteoro, adscritos a la IV Brigada, para brindar seguridad y ayuda a quienes transitan por esta vía.

"Para estos bandidos es muy fácil aprovechar un momento en que no estén los miembros de la Fuerza Pública para hacer sus fechorías", explicó el coronel Martínez.

A pesar del incendio del camión y de la explosión, la carretera funcionó con normalidad desde las seis de la mañana, indicaron las autoridades.

Las hipótesis

Las autoridades regionales coincidieron en que el ataque de las Farc está relacionado con la acción de la Fuerza Pública para erradicar los cultivos de coca en el Norte y Bajo Cauca, así como para frenar el ingreso de precursores químicos y la destrucción de laboratorios para la elaboración de cocaína.

"Si vamos a hablar de narcoterristas, los frentes 18 y 36 de las Farc son los que más se ajustan a esta descripción. Ellos viven del negocio del narcotráfico y son los más afectados. Y ni siquiera pelean, están dedicadas al terrorismo, como se ve con los actos recientes, que son retaliaciones por los avances de la erradicación manual de los cultivos ilícitos", dijo el secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

"Este año llevamos erradicadas cerca de 14.000 hectáreas y asperjadas cerca de 8.000" entre el Norte y el Bajo Cauca, agregó Rendón.

El Secretario de Gobierno departamental dijo que "como lo determinamos en Ituango el viernes pasado, insistiremos en el tema de que las poblaciones nos colaboren mucho para desmantelar las estructuras 18 y 36, que son las que más daños nos están haciendo".

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez, dijo que "los frentes 18 y 36 están viendo muy menguada su capacidad económica, porque están dedicados a la comercialización de la coca que se produce en la región. La erradicación les está afectando mucho el negocio".

Por eso, explicó, no es raro que se presenten acciones como la de Ventanas, pues los guerrilleros "saben que si queman algún vehículo o hacen cualquier cosa en la vía, de inmediato se movilizan al lugar los integrantes de la Fuerza Pública y aprovechan para atacarlos, como pasó hoy (ayer)".

Entre febrero y mayo de este año se presentaron movilizaciones de campesinos, muchos de ellos cultivadores de coca, en Valdivia y Tarazá. En ese entonces, las autoridades indicaron que el frente 18 de las Farc presionaban a los labriegos para frenar la erradicación.

A esa célula guerrillera también fue atribuido el atentado en el que murieron siete personas en Ituango, el pasado jueves, y que al parecer también tendría como objetivo responder a la Fuerza Pública en su lucha contra el narcotráfico y los grupos subversivos.

Antioquia bilingüe

Eradication leads to attacks

An attack executed early yesterday by Farc in Ventanas,Yarumal, located on the road between Medellín and the Atlantic Coast, is being considered retaliation for the eradication of illegal coca plant crops. Authorities are holding the 36th front of Farc responsible for the attack, which began with a fire set to a truck from dairy company, Colanta, followed by an explosion that left five people injured. This area has been the site of two protests from coca planters this year, as well as two attacks; the first one took place last Thursday in Ituango.

* Imágenes: 1) La Fuerza Pública mantiene vigilancia permanente en la vía entre Medellín y la costa atlántica, para evitar bloqueos por parte de los grupos armados al margen de la ley. 2) Este año, entre el Norte y el Bajo Cauca, las acciones de los frentes 18 y 36 de las Farc se han concentrado sobre todo en esta carretera, para tratar de frenar la erradicación.

Tomado de:

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/farc_buscan_frenar_la_erradicacion/farc_buscan_frenar_la_erradicacion.asp?CodSeccion=9